Y, al fin, comenzaron los bombardeos... Así es el mundo y, desgraciadamente, así es mi país que apoya estas bárbaras violaciones al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos... Derechos que llenaban la boca de un Colin Powel, en una justificación increíble (en el sentido de que no se la cree ni él mismo) de los ataques y la situación de estos Derechos Humanos en Afganistán (absolutamente terrible), que a Estados Unidos le ha importado un pimiento informe (de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU) tras informe... En fin...

Dejemos esto, por el momento, y recojamos una noticia que relaciona nuestros dos últimos artículos y desenmascara, una vez más, al gran gigante que juega con sus bombas y misiles en pro de la libertad y la justicia (¿infinita?):

“Mientras el gobierno estadounidense promueve una amplia cooperación entre los Estados -incluso a nivel judicial - para luchar contra el terrorismo en respuesta a los terribles atentados perpetrados en Nueva York y Washington el 11 de setiembre, este mismo gobierno apoya una ley contra la Corte Penal Internacional (CPI), que fue introducida el 2 de octubre ante el Senado estadounidense. La ley titulada "Ley de Protección del Personal Militar Estadounidense (American Service Members Protection Act - ASPA)” :

- Prohibiría toda asistencia militar a la mayoría de los Estados que ratificaron el Estatuto de roma (excepto los países de la OTAN y los principales aliados que no son de la OTAN, así como Taiwan);

- Limitaría la transmisión de información sobre la seguridad nacional para los países que ratificaron el Estatuto de Roma de la CPI;

- Se opondría a la participación estadounidense en las operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU;

- Autorizaría al Presidente a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados" para liberar a un ciudadano estadounidense detenido por la CPI.

Es cierto que el proyecto prevee la posibilidad - estrictamente limitada- de que tales prohibiciones sean suprimidas por el Presidente estadounidense. Sin embargo, esta ley merece realmente el calificativo de "Ley de Invasion de La Haya" ("Hague Invasion Act" ) con referencia a la sede de la Corte Penal Internacional. Aunque la ley no fue votada por el Senado, el señor. Jesse Helms, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, está decidido a aprovechar todas las oportunidades legislativas para ponerla de nuevo en el orden del día.

Esta ley parece ser parte de un compromiso alcanzado entre el gobierno y los senadores republicanos, de modo que ellos llegarían a un acuerdo sobre la Ley de pagos atrasados de Estados Unidos a NN.UU.

Si se adopta este proyecto, esto sería una ofensa a todas las víctimas que están esperando la instauración de la Corte Penal Internacional, y a todos los Estados que hicieron esfuerzos importantes para contribuir a una lucha internacional eficaz contra la impunidad.

Constituye una verdadera espada de Damocles, que amenazaría el proceso entero de ratificación del Estatuto de la CPI, y entorpecería muy seriamente el propio funcionamiento de la futura Corte...”

Pues eso...